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Home Política “El régimen que estamos queriendo aprobar en Corrientes es muy malo, aprobarlo sería muy grave”

“El régimen que estamos queriendo aprobar en Corrientes es muy malo, aprobarlo sería muy grave”

Tito Meixner sobre el PPP. Los votos oficialistas se impusieron para que el régimen de participación Público-Privado en obras públicas se aprobara la semana pasada en la Cámara de Diputados. Con media sanción, mañana se trataría en la última sesión extraordinaria del Senado.

 

En este sentido el Diputado Tito Meixner afirmó “Lo que estamos haciendo  es darle una licencia absoluta al Ejecutivo para que contrate de cualquier manera sin una comisión mixta parlamentaria que lo vigile, sin la aplicación de la ley de administración financiera que le regule la forma en la que debe hacer el llamado de licitación o concurso de precios”.

 

Comparó la Ley aprobada en el Congreso de la Nación con el proyecto provincial: “El proyecto nacional o, más exactamente, la ley nacional ahora vigente, estipula la existencia de una Comisión Bicameral de seguimiento de este sistema integrada por 7 senadores nacionales y 7 diputados nacionales. En el proyecto provincial eso no existe, o sea que esta legislatura va a ser un convidado de piedra”.

 

“Tanto la nación como las provincias que adhirieron a la ley han designado como órgano de control externo a la Auditoría General de la Nación y a los respectivos Tribunales de cuentas de las provincias. En esta ley, lo que vamos a hacer hoy, si se la aprueba en este cuerpo, es dejarle al Ejecutivo que él mismo diga quién lo va a controlar” aseguró el Diputado.

 

Además destacó otras irregularidades en el proyecto “El artículo tercero inciso b, establece que también es inaplicable a este sistema la Ley Provincial 5571, nuestra Ley de Administración Financiera Provincial. Además de ser inaplicable, obviamente, la ley de Obras Públicas”.

 

“Legislar de esta manera lejos de atraer inversores va a hacer que huyan. Los inversores vienen cuando hay seriedad, continuidad, tradición institucional y respeto a las normas establecidas” Concluyó Meixner.

 

Intervención

Gracias Señor Presidente. En realidad este régimen que estamos debatiendo se ha lanzado en la Argentina en noviembre de 2016 pero tiene una larga trayectoria en otros países del mundo. Comenzó en la década de los 80, fines de la década de los 80, fruto del consenso de Washington. De hecho uno de los primeros países en aplicarlo fue Inglaterra, la Inglaterra de la señora Margaret Thatcher y su sucesor, el también conservador, Primer Ministro John Majors.

 

Siguió curiosamente con el Neo laborista Tony Blair, qué fue tal vez el que más impulso le dio a la cuestión, y siempre ha contado con el apoyo de los organismos de crédito multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido presentado prácticamente como la panacea, como un sistema que prácticamente no tiene defectos.

 

Sin embargo si uno se pone a investigar un poco y a leer Incluso en los documentos de los organismos multilaterales de crédito. El Banco Mundial, documentos del Banco Mundial, documentos de especialistas, se encuentra con qué en estos más de 20 años de experiencia se han recogido opiniones a favor y en contra. Y las críticas, incluso muy duras, al sistema abundan. Las mismas se centran en varios puntos importantes: con respecto a que los costos financieros son más altos, los costos de las obras son más altos, no se respetan como supuestamente se dicen los objetivos ambientales o de protección ambiental. El sistema fracasa muchas veces precisamente por asentarse en la supuesta eficacia y eficiencia de las empresas privadas y cuando estás entran en crisis o quiebran se produce el colapso del sistema.

 

Y esto es lo que estamos viendo claramente a nivel mundial. Curiosamente en estos últimos meses han ocurrido episodios importantes en España, por ejemplo, y en Inglaterra. Sobre todo en España. Si uno lee las noticias de los últimos meses, las cifras varían pero se habla entre 2500 a 4000 y hasta de 6000 millones de dólares que el estado español tendrá que poner precisamente por la quiebra de las empresas que hicieron y están explotando obras mediante este sistema. Las autopistas las 4 autopistas radiales de Madrid son las más conocidas pero, según algunos analistas, son solo la punta del iceberg.

 

Y el gobierno de Rajoy se hizo cargo ya de esto y todavía no está definido el costo que le va insumir al estado español afrontar esta cuestión.

 

Y en Inglaterra está pasando algo semejante. La quiebra de Carillion, la segunda empresa más importante del Reino Unido, además de dejar más de 40.000 trabajadores en la calle, ha provocado un serio colapso en el sistema este de APP.

 

Y es interesante ver, en este caso particular, las críticas que se hacen los mismos ingleses en los ámbitos institucionales. Por ejemplo en el mismísimo Parlamento. Podemos ver una discusión muy fuerte que tuvieron la Primer Ministro Theresa May con el líder laborista Jeremy Corbyn quien señaló que el sistema mismo es el problema. Y esto se puede entender claramente analizando un documento de la NAO, la National Audit Office, el organismo que audita para el Parlamento británico el gasto público inglés.

 

El informe es francamente crítico del sistema después de un análisis de los muchos años que Inglaterra viene usando el mismo Marca sobre todo el tema de lo atractivo que puede ser para achicar en un principio el déficit público. Porque la inversión privada ya sea por contabilidad creativa o por una “ilusión fiscal -estos son los términos que usa el documento de la NAO - no figura en el presupuesto, de tal manera que disminuye el déficit fiscal. Pero a la larga las obras terminan resultando mucho más cara y más difíciles de financiar. Lo mismo ocurre con respecto a los costos de las obras. Esto, reitero, es lo que dice el organismo de fiscalización del Parlamento británico.

 

Y Leo textualmente el punto uno 1. 16 del informe: “La oficina de responsabilidad presupuestaria informa los riesgos fiscales cita el uso de vehículos fuera de balance, o sea fuera de la contabilidad oficial, como ejemplo de ilusión fiscal, para lograr, dice, de alguna manera no afectar con la deuda el equilibrio fiscal. Las cuentas nacionales medidas con este sistema no reflejan totalmente los pasivos y puede ser atractiva para el gobierno. Como los niveles reflejados de la deuda serán más bajos en el corto y mediano plazo (5 años antes) incluso sí cuesta mucho más durante toda la vigencia de un contrato de 25 o 30 años.

 

Y eso es lo que afirma, en otro párrafo, la Auditoria del Parlamento Inglés analizando justamente el rendimiento del sistema en el Reino Unido define, que los costos de estos sistemas son mucho más altos que los del sistema tradicional. Leo el punto 1. 19 del informe. Este informe es del 18 de enero… Dice: “El mayor costo de las finanzas en combinación con otros costes significa que el gasto Global en efectivo de proyecto de PF1 Y PF2 es más alto que otras alternativas de financiación pública. El departamento de Educación ha estimado que el gasto esperado en nuestro análisis de estos datos para un grupo de programas de escuelas que los costos PF2 está alrededor de un 40% más alto que los costos de un proyecto financiado por el endeudamiento público las escuelas PF2 en comparación con un comparador del sector público. La comisión de Hacienda llevó a cabo un análisis similar en 2011 que estimó el costo de un hospital con financiación privada sea 70% más alto que el financiado mediante el régimen tradicional de endeudamiento”.

 

Esto hace que esta misma oficina diga que este sistema se está usando cada vez menos. Dice textualmente: El uso de la contratación de financiación privada por PF1 y PF2 se ha reducido. En los últimos años el uso del Gobierno de los modelos ps1 y PS2 se ha ralentizado considerablemente reduciendo de en promedio 55 ofertas de cada año en los 5 años hasta 2007-08 a sólo 1 en el 2016-17. La cantidad total de la inversión en los 5 años hasta 2007-08 que se había situado en un promedio anual de 5,5 mil millones de libras en los últimos dos años se ha hecho un promedio de menos de 0,5 mil millones de libras; frente a un máximo de 9 mil millones de libras en 2007-08.

 

Esto es lo que le hace decir a la oficina, repito, la NAO o sea la oficina que audita el gasto público para el Parlamento, analizando 26 años de aplicación del sistema, que el tema es complicado.

 

¿Cuáles son los Motivos? En el punto 2.3 dice: un total de 7 de los 11 departamentos encuestados por nosotros afirmó que la principal razón para su uso reducido de la financiación privada en los últimos años fue "la preocupación por la eficiencia de costes y optimización de recursos". La decisión del gobierno en 2010 para eliminar las subvenciones a los programas a las autoridades locales y detener la construcción de escuelas para el programa futuro debido a los altos costos y a los largos retrasos también ha contribuido a esta reducción. Esto es lo que dice, nada más ni nada menos, que la oficina de auditoría del parlamento inglés.

 

Vayamos a lo nuestro… Se dice que esta ley sería la panacea para la aplicación de este sistema en la Argentina y se cita los ejemplos de Chile, Colombia, Brasil como absolutamente exitosos. Y puesto uno a analizar la estructura normativa que tenemos hoy (o sea lo que teníamos antes de la ley), y si esta, permite o no permite la iniciativa privada y el aporte de capitales privados, uno descubre que sí. Que sin esta ley lo mismo se puede realizar obras con aporte privado.

 

En el régimen legal argentino tenemos, además, de la ley de Obras Públicas, la Ley de Concesión de Obras Públicas y en la Provincia también tenemos una Ley provincial de Concesión de Obras Públicas. Aunque curiosamente este proyecto o gracias a Dios este proyecto no la derogó o no la declara inaplicable como si declara inaplicable otras normas fundamentales. Parece que, o no conocen la existencia de un régimen provincial de concesión de obra pública o por lo menos lo pasaron por alto.

 

Sin embargo en el país se ha aplicado esta ley en obras esenciales. En el territorio de nuestra Provincia tenemos un ejemplo. La obra pública más importante de los últimos años en la provincia hecha en la década del 90. El puente que une Santo tomé Argentina con Sao Borja en el Brasil fue hecho por concesión de Obras Públicas bajo este sistema. En la Argentina los privados pueden y podían con el sistema anterior invertir tranquilamente en una obra pública y cobrarse mediante la explotación de la misma. Es más, curiosamente analizando el derecho comparado, el mentado ejemplo Chileno citado siempre se maneja con ese mismo sistema.

 

¿Saben cómo se llama en Chile el sistema de la ley que acá vamos a llamar PPP? Se llama Concesión de obras Públicas. El régimen chileno es muy parecido al argentino, seguramente con algunas flexibilidades más si uno se pone a estudiarlo. Pero es exactamente de concesión de obra pública y así se denomina. Los chilenos no necesitaron inventar nada nuevo para hacer esto. Claro que son un poquito más serios que nosotros. Si uno lee en la ley Argentina los organismos encargados de aplicar la ley están en una competencia que no sabemos quién la va a terminar aplicando, si va a ser Dujovne, si va a ser Caputo, si va a ser la unidad de participación pública-privada, o quien.

 

Sería interesante ver el régimen chileno ya que tanto hablan del régimen chileno que creo que, en realidad, no conocemos a fondo. Porque si estamos queriendo que vengan inversiones productivas, no capital especulativo, no capitales golondrinas, alguien que viene en serio invertir, alguien que viene a invertir de buena fe (Si es que esto existe en el mundo) ¿Cómo evalúa dónde invertir? Invierte en los países serios. Fíjese cuál es el órgano consultivo que en Chile maneja esto… que aquí en la Provincia por este proyecto le estamos por dar piedra libre al ejecutivo provincial para qué cree el organismo que quiera…

 

¿Sabe cómo está integrado el Consejo de Concesiones del régimen chileno que siempre se pone de ejemplo? Por el ministro de Obras Públicas quién lo preside, por un consejero de libre designación y remoción por parte del mismo Ministerio de Obras Públicas y por cuatro consejeros. El primero, dice la ley chilena, será un académico perteneciente a una facultad de ingeniería civil, el segundo perteneciente a una facultad de economía o de economía y administración, Un tercero perteneciente a una facultad de ciencias jurídicas, Y un cuarto perteneciente a una facultad de arquitectura que tengan estudios especializados.

 

Este es el órgano, que en el sistema chileno tan elogiado, decide qué proyecto es viable y cómo es viable. La presencia del sector académico en esto es fundamental. De gente de la vida Universitaria que está hace 20, 30 o 40 años en esto estudiándolo lo hace muy diferente al régimen que se acaba de aprobar en la Argentina. Y lo hace muy diferente también, lo que es mucho peor, al régimen que estamos queriendo aprobar en Corrientes.

 

El régimen que estamos queriendo aprobar en Corrientes es muy malo, aprobarlo sería muy grave. Porque podemos discutir o no, podemos estar de acuerdo o no en el sistema de la ley nacional, pero el régimen provincial, o por lo menos este proyecto que estamos tratando hoy y como ya lo dijimos en el dictamen en minoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales, desnaturaliza gravemente el sistema implementado en la Nación. Es totalmente diferente. Y en algunas cosas muy serias.

 

Por eso decíamos en declaraciones a la prensa en días anteriores que este sistema no se puede aplicar por una ley de adhesión. Simplemente hay cosas que necesitarían leyes provinciales especiales, o por lo menos, que lo pongamos hoy en el texto de la ley que estamos tratando cómo planteamos en el Dictamen de Minoría. Que las incorporemos hoy a este texto para tratar de paliar en algo los graves defectos que el mismo tiene.

 

El proyecto nacional o, más exactamente, la ley nacional ahora vigente, estipula la existencia de una Comisión Bicameral de seguimiento de este sistema integrada por 7 senadores nacionales y 7 diputados nacionales.

 

En el proyecto provincial eso no existe. O sea que esta legislatura va a ser un convidado de piedra. Vamos a estar pintados en este sistema, no vamos a poder decir ni mus, ni nos van a consultar, ni tendremos derecho a opinar.

 

Y esto no se puede subsanar mediante una simple adhesión a la ley que crea la Comisión Nacional. Mediante la simple adhesión a la ley nacional no vamos a crear una Comisión Bicameral Provincial, tendríamos que establecerlo hoy en un artículo o sino dictar una Ley Especial.

 

Lo mismo ocurre con el sistema de solución de controversias planteado en la ley nacional. En la ley nacional es el Congreso de la nación… a mí no me gusta pero bueno, el congreso de la nación lo hizo… el que autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a someter las controversias que puedan surgir de la aplicación de este sistema a tribunales de arbitraje. Con la experiencia que tenemos en la aplicación de tribunales arbitrales internacionales, me parece de verdad peligroso para el País.

 

Pero además hay que tener en cuenta que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y algunos tratados internacionales de inversión que el país tiene suscriptos autorizan, y alguno de los tratados obligan al país a aceptar la jurisdicción de estos tribunales extranjeros o internacionales. Ahora este no es el caso de las Provincias.

 

En nuestro sistema constitucional este no es el caso de las provincias- gracias a Dios-. Cuando contribuimos a la unión nacional e hicimos la Constitución de 1853 las Provincias nos reservamos expresamente las facultades de dictar las normas procesales. Entonces si queremos autorizar al poder Ejecutivo Provincial.....sí quisiéramos autorizar al poder ejecutivo -yo no lo haría jamás-.... Pero si quisiéramos autorizar al poder Ejecutivo Provincial aceptar la prórroga de jurisdicción en favor de un tribunal extranjero tendríamos que autorizarlo expresamente por una ley.

 

Pero además entraríamos en un problema Constitucional serio, porque las normas Nacionales que organizan la justicia Federal, como todos sabemos, estipulan que las causas en las que haya un ciudadano o súbdito extranjero son de competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación… todo eso suponiendo que haya un inversor extranjero… Así que no veo cómo ni siquiera con una Ley especial pudiéramos salvar esto.

 

Podríamos, y eventualmente mediante una ley especial, autorizar a que el Poder Ejecutivo Provincial someta a la cuestión a arbitraje…. Yo votaría en contra, pero bueno podría hacerse una ley… Nada de esto está en este proyecto y obviamente puede dar lugar a serios problemas.

 

No es eso solamente. El artículo tercero tiene un problema aún más grave. Y antes aún, en el artículo segundo también tenemos una serie de problemas. La ley Nacional es mucho más prolija en esto y las leyes de las provincias que adhirieron por lo menos las que tuvimos la oportunidad de consultar también lo son.

 

Tanto la nación como las provincias que adhirieron a la ley han designado como órgano de control externo a la Auditoría General de la Nación y a los respectivos Tribunales de cuentas de las provincias. En esta ley, lo que vamos a hacer hoy, si se la aprueba en este cuerpo, es dejarle al Ejecutivo que él mismo diga quién lo va a controlar en este tema… El que quiera....no hay problema...eso dice el artículo segundo de esta Ley. Algo realmente muy grave.

 

Y mucho peor aún, la Ley Nacional declara - obviamente para crear un régimen especial distinto a la ley de Obras Públicas vigente - inaplicable la ley Nacional de Obras Públicas y el decreto respectivo así como la ley de concesión de obra pública. Y declara también -por las dudas y seguramente para no crearle problemas a los acreedores- inaplicables el artículo 765 del nuevo Código Civil y Comercial y curiosamente también la ley de convertibilidad del austral.

 

Todo eso para asegurarles a los inversores, supongo que el que invierte en dólares va a recibir su pago en dólares, y no lo leemos a pagar en moneda local como establece el 765 del código civil y comercial. Todo eso ya está en la ley nacional y adherimos a eso mediante esta Ley.

 

Pero además incorporamos… lo más grave de toda esta Ley… El artículo tercero inciso b) Establece que también es inaplicable a este sistema la Ley Provincial 5571, nuestra Ley de Administración Financiera Provincial. Además de ser inaplicable obviamente la ley de Obras Públicas.

 

Con lo cual Señor Presidente, y esto es lo grave, dejamos absolutamente librado este sistema a la voluntad del que resulte órgano aplicación del mismo -que no sabemos Quién va a ser- porque el Ejecutivo provincial puede designar a quién él quiera. Y este organismo va a poder contratar lo que se le ocurra...cuando se le ocurra.... con el régimen que se le ocurra... por el monto que se le ocurra.

 

Que yo sepa no existe en el espectro normativo de nuestra Provincia ninguna otra norma que regule la contratación de este tipo de obras. Salvo la Ley de obras públicas y la ley de Administración Financiera que aquí se declaran inaplicables.

 

Entonces, lo que estamos haciendo al aprobar este texto, es darle una licencia absoluta al Ejecutivo para que contrate de cualquier manera, sin la comisión mixta parlamentaria que lo vigile, sin la aplicación de la ley de administración financiera qué le regule la forma en la que debe hacer el llamado a licitación o concurso de precios. Lo cual nos pone, yo creo que en un estado de real deterioro de nuestras instituciones. Algo que ya señalamos aquí cuando probamos de la manera que aprobamos el Código Procesal Penal.

 

Legislar de esta manera lejos de atraer inversores va a hacer que huyan. Los inversores vienen cuando hay seriedad, continuidad, tradición institucional y respeto a las normas establecidas y no porque una norma de ocasión le permita lo que puede parecer un buen negocio. Gracias Señor Presidente.

 

Despacho Diputado José Ernesto Meixner

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